AMLO y su apuesta ante la crisis del COVID-19

Lo que estamos viviendo son días esquizofrénicos que suscitan un gran debate que va de lo ideológico a lo técnico.

   Lo interesante en todo ello es entender lo que implicaría para México las medidas anunciadas por Andrés Manuel el pasado 5 de abril que pueden resumirse en  garantizar e incrementar programas sociales; créditos personales a la vivienda y a empresas familiares (del sector formal e informal); inversión en infraestructura y generación de empleo. A ellas, habría que añadir también el análisis en torno a las enunciadas por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) encabezado por Salazar Lomelín (que básicamente quieren un endeudamiento de un billón de pesos y la apertura de la línea de crédito con el FMI, una devaluación de la moneda, y, una condonación de los impuestos para las empresas), y, las que el mismo CEN provisional de Morena ha señalado (que retoman las medidas del gobierno federal, añadiendo algunas propuestas por el sector empresarial). Medidas diferentes, que reflejan posiciones sobre todo políticas en torno al entendimiento de la crisis.

   El debate al que asistimos en nuestro país no es especificidad de México, sino que en cada nación y unión hay una diatriba muy fuerte en torno al tipo de medidas que se quisieran y que se han finalmente adoptado en esta primera fase. Sin duda, es una lucha entre la solidaridad vs la condicionalidad. En cada latitud este debate es una mezcla de intereses ideológicos, fomentados en posiciones políticas y sustentado por un fundamento económico teórico y técnico.

   Lo que pasa en México lo podemos por lo tanto presenciar en Europa o en Estados Unidos por ejemplo. Si tomamos el caso de Europa, la puesta en marcha del Mecanismo de Estabilidad Europea (MEDE), una especie de Fondo Monetario Internacional (FMI) europeo creado después de la crisis del 2008, pone en evidencia que más que ir por la solidaridad entre los países miembros (se pedían Eurobonds) se ha seguido la misma línea que ha caracterizado las respuestas a las crisis en los últimos 20 años, es decir, el uso de un crédito que inexorablemente llevará a un condicionamiento derivado por el ajuste estructural fuerte que verá como principal afectado al pueblo.

   El gran debate que se está generando se articula por lo tanto en torno a si endeudarse a través de la línea de crédito del FMI; si ejercer una política fiscal expansiva a través del aumento del gasto público, bajando a la vez los impuestos; o, si ir actuando con las medidas necesarias con base en el momento particular. Por lo tanto: ¿Hay que endeudarse con deuda externa?, ¿Hay que endeudarse a través del aumento de gasto público? O ¿Actuamos con responsabilidad y paso a paso con respecto a las características particulares de la situación en la que nos vamos a encontrar?

   Si la Unión Europea tiene el MEDE para los demás países en el mundo el único remedio sería pedir prestado al FMI. En todo caso, ambos representan la vía del endeudamiento por ajuste estructural. Y es en este sentido, que la primera fase del Plan de AMLO se vuelve interesante, pragmática para México y sobre todo rompe con los mecanismos tradicionales de responder a una crisis. Para mucho puede ser hasta una herejía, sin embargo, tiene las agallas de tomar en cuenta por primera vez a la realidad en que esto se aplica.

   Hay que entender que México es profundamente diferente a Europa, unión que muy a menudo se pone en comparación con nuestro país. No es lo mismo, tener un país en el cual el 80% son pequeñas empresas que viven en la informalidad, que tener un país o una unión en la cual la informalidad es mínima. Tiene un impacto tanto en la producción como en la recaudación fiscal. Por lo tanto, las medidas tomada en cada escenario deben inexorablemente tener en cuenta de esas características.

   El hecho de que México siga profundizando con las estrategias  de su plan económico de la IV T se enmarca en la decisión de un cambio de rumbo. Los apoyos a estudiantes, a los adultos mayores, al campo, al empleo, a las pequeñas empresas formales e informales y las inversiones en infraestructura con particular énfasis en la energética representan un cambio de timón en un país que se ha preocupado más en cuidar a las grandes empresas que a su pueblo. Por lo tanto, las respuestas ante esta crisis sin precedentes serán graduales y responderán a las situaciones que la economía mexicana en el contexto de la economía global irá teniendo.

   De la misma manera, el gran dilema de si se trata de políticas asistencialistas o no, queda rebasado en un mundo en el que cada vez con más fuerza se pretende aplicar la renta básica para tutelar a las mayorías, y en el que se habla con más fuerza de aplicar un impuesto fuerte a los ricos y a sus patrimonios.

   No obstante ello, llama la atención la perseverancia con la que la oposición política en nuestro país quisiera sacar ventaja a través de una manipulación de la información que es burda y que cuenta una realidad construida a su medida y que claramente tiene sus propias soluciones.

  Por lo tanto, ¿Por qué son una apuesta correcta las medidas de AMLO en esta primera fase de respuesta a esta crisis?

   En primer lugar, se evidencia que socializar las perdidas no es el camino a seguir, tal como se ha hecho históricamente. En segundo lugar, se protege a la gran mayoría de la población que es la más vulnerable. En tercer lugar, no es un plan que depende exclusivamente de unas recetas dictadas por unos analistas que entienden las desigualdades y la pobreza solamente en los libros de textos. En cuarto lugar, no se hipoteca el futuro de las próximas generaciones con una deuda que afectaría sustancialmente su destino. En quinto lugar, el apoyar a la clase más vulnerable es una cuestión de solidaridad que pone en evidencia a un gobierno que vela por su gente. Finalmente, el gasto público en infraestructura en esta primera fase alcanzaría casi el 2% del PIB y, por lo tanto, podría ser el primer momento de un aumento paulatino del mismo en un sector estratégico como el energético en el que se han puesto todos los esfuerzos y es la piedra angular de este gobierno.

   Esto confirma el por qué de los ataques hacia esta estrategia tanto por parte de las agencias calificadoras como con respecto a la posición que México tuve recientemente en al reunión de la OPEP+ que aunque para muchos significó una victoria diplomática en un contexto geopolítico complejo, para la oposición ha sido un rotundo fracaso.

   No cabe duda que en las sucesivas fases de esta crisis el gobierno deberá recurrir a un pacto social también con las empresas de este país. Sin embargo, estas últimas deberán al mismo tiempo  cumplir con las obligaciones fiscales que tienen con nuestro sistema tributario. No sobra recordar que 15 empresas de México deben 50,000 millones de pesos al SAT.

   Por ello, es importante entender que se trata de una apuesta correcta, que con precaución se inserta en un escenario incierto. Al fin y al cabo de lo que se trata es entender estas medidas en un contexto atípico, como lo  es la contingencia por el COVID 19, y que sin duda las diatribas en torno a las medidas a adoptar no son exclusividad de este país sino reflejan una voluntad popular que se extiende por el globo y que no quiere una vez más socializar las perdidas de una crisis. Por lo tanto, la lucha entre solidaridad y condicionalidad sigue vigente también en México.

Giuseppe Lo Brutto