30 años en 30 pesos

Los últimos meses de Latino América han estado marcado por una serie movilizaciones sociales, miles de personas, entre mujeres, hombres y niños (as), se han tomado las calles y las portadas del continente. Desde los procesos de migración en México, pasando por Haití y el desabastecimiento o la crisis política en Perú, hasta las movilizaciones indígenas en Ecuador han marcado la agenda socio-política de los territorios. Pero qué sucede con Chile, el “oasis dentro del continente” (como diría Sebastián Piñera solo meses antes).

   Para entender al Chile de hoy tenemos que ir más allá de los 64.774 millones de euros que representa el PIB durante el segundo trimestre del 2019 (con una población de 17 millones), inclusive un poco más allá de la estabilidad social proyectada y los 30 pesos (0.037 Euros) en el alza del pasaje subterráneo que ha sido la gota que ha develado la injusticia social en el país.

   El chile que vemos hoy, con más de cinco días de movilización, arranca en la década de los 90 con un proceso de transición, la democracia había llegado después de 16 años de dictadura y el país se movilizaba, para lo que en ese entonces era una nueva oportunidad.

   Si bien ya no había militares en las calles, ahora venia una etapa de justicia y sanación, habría un elemento que jamás se volvería a tocar. Es posterior al golpe de estado de 1973 cuando Augusto Pinochet (comandante en jefe de la junta militar) comienza a instalar un modelo económico liberal en el país, esto significó el inicio de la privatización de la educación, la salud, las empresas del estado son adquiridas por capitales extranjeros y la vejez queda en manos de administradoras privadas que aseguraban, para aquel entonces, los grandes beneficios que traerían al país.

   Patricio Aylwin, representante de la centro izquierda (Democracia Cristiana), sería quien tomaría la responsabilidad de demostrar que los procesos democráticos son relevantes para la construcción de un nuevo país. Pero su consigna fue “gobernar en la medida de lo posible”, era la transición, aún había miedo y con Augusto Pinochet como senador vitalicio no habrían cambios estructurales. Dejando el terreno propicio para la llegada de Eduardo Freí (hijo de Eduardo Frei Montalva, político asesinado en dictadura) quien asumiera la posta y abriera las puertas de Chile al libre mercado, época caracterizada por los tratados de libre comercio, parecía que el país en corto tiempo se instalaba frente al mundo como un referente de la economía y los procesos de transición.

   Y fue tan referente que con la llegada del socialista Ricardo Lagos se profundizaría la injusticia social que explota hoy, pues es en este periodo (ya entrados en el nuevo milenio) que en el país se comienzan a ver majestuosas infraestructuras viales, todas concesionadas a las más grandes empresas europeas, se inicia un proceso de privatización de los recursos naturales sobre los cuales la ciudadanía tenía derechos. Es en esta época cuando el sistema de trasporte público (Transantiago) cambia para siempre.

   Con la idea de modernizar y entregar una gran imagen país se privatiza el trasporte público en Santiago de Chile, construyendo un modelo que técnicamente era perfecto, pero que sería el mayor problema heredado que tendrían los siguientes gobiernos. Un sistema que rompió con los modelos culturales de circulación de los habitantes en Santiago, que empeoró la calidad de vida de los capitalinos, un modelo que no entendió las verdaderas necesidades y que hoy es la gota que hace explotar una sociedad contenida. 

   Los siguientes años, tanto con Michelle Bachelet y Sebastián Piñera (ambos en dos gobiernos), solo se profundizaría en la crisis y el modelo. Así es como Chile se fue convirtiendo en uno de los territorios de mayor injusticia social en el continente, con preocupantes indicadores de desigualdad y empobrecimiento.

   Desde el año 2007, en el cual se inaugura el Transantiago, el pasaje a tenido 21 modificaciones, casi duplicando su precio original. Lo que representa entre el 11% y 13% del salario mínimo del país (373 euros), siendo insostenible para una familia de cuatro personas.

   Chile se convirtió en uno de los países mas desigual de la OCDE, un país que el que tiene recursos se puede sanar de sus enfermedades, un lugar donde las universidades, mensualmente, cuestan más que un salario mínimo, donde las personas piden un crédito de consumo para adquirir bienes básicos.

   La pobreza en el país golpea a 3 de cada 10 chilenos. El escenario se vuelve complejo cuando al salario mínimo se le restan los subsidios y transferencias que entrega el estado alcanzando un nivel de pobreza extrema del 12.5% (Fundación Sol).

   Hoy el 10% más rico tiene 39 veces más que el 10% más pobre del país. Trabajar hoy en Chile no significa, necesariamente, tener la oportunidad de salir de la línea de la pobreza. De hecho, en los últimos dos años los trabajadores con menor ingreso no han visto subir su salario. Esto demuestra que tener importantes indicadores económicos para el país no ha significado, obligatoriamente, justicia social. Más bien, ha demostrado la urgencia de una política pública profunda.

   Ya son cinco los días de protestas a lo largo de Chile, misma cantidad de días que fue declarado el Estado de Emergencia por parte de Sebastián Piñera, estado que permite poner a militares en las calles, estado que esta siendo cuestionado constitucionalmente. Con esto el toque de queda que se extiende en el territorio al igual que las acusaciones de montaje, tortura, violación de los derechos humanos y arrestos infundados. Los muertos ya suman más de una decena.

   Han sido días de declaraciones inapropiadas, la frase del presidente “estamos en guerra” ha repercutido en la población y ha profundizado el malestar. La idea del enemigo interno se huele como estrategia política.

   Aun con todo esto sucediendo las protestas continúan y se han vuelto un ejemplo para gran parte del continente. Si nos tuviéramos que preguntar en dónde está la genealogía de esta movilización, sin lugar a duda diríamos que en las y los que perdieron el miedo, en la generación de estudiantes de la “revolución pingüina” del 2006 y del 2012. Esta es la generación que perdió el miedo a los militares, la que sin partidos políticos o lideres visibles, a primera vista, tiene al gobierno actual en crisis.

   Con millones de personas en las calles, hoy el gobierno a mostrado una serie de medidas que en nada vienen a romper con la desigualdad, más bien, como base ideológica está la inversión de recursos del estado (que salen de los impuestos de los ciudadanos) a privados para subsanar las condiciones actuales. Hoy el gobierno se encuentra incapaz de entregar respuestas a la ciudadanía, pues es difícil cuando “el modelo no se toca”, pues no eran 30 pesos, mas bien, ya son 30 años.

Matias Prado Cabrera