Conflicto armado en Colombia: 60 años de sangre y olvido (Parte 2°)

Según el informe”¡Basta ya! Colombia: memorias de guerra y dignidad” (2013) fueron 220.000 las muertes causadas por el conflicto entre 1958-2012. De los cuales 177.307 eran civiles, los responsables fueron: los grupos paramilitares 40%, los grupos guerrilleros del 25% y agentes del estado del 8%.

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 GOBIERNO JUAN MANUEL SANTOS (2010-2018)

    Juan Manuel Santos, con los éxitos militares alcanzados como Ministro de Defensa, fue apoyado por Álvaro Uribe, como candidato por el Partido de la U, Partido Unidad Nacional, logró la victoria en segunda vuelta contra Antanas Mockus candidato del partido verde.

   Santos empezó una política de acercamiento con gobiernos latinoamericanos de izquierda, con los cuales Uribe se había distanciado (Hugo Chávez en Venezuela, Rafael Correa en Ecuador, Fidel y Raúl Castro en Cuba), con el objetivo de conseguir apoyo y facilidad para iniciar un proceso de paz, provocando la molestia del círculo Uribista, convirtiéndose Uribe desde el congreso en detractor y opositor de su gobierno.

   El éxito parcial de los diálogos de paz con las FARC-EP le permitió aspirar a una reelección en 2014 (última para un presidente debido a que en 2015 se eliminó esta reforma a la Constitución), ganando en segunda vuelta frente al candidato del partido uribista Centro Democrático, Óscar Zuluaga.

   Para analizar y entender el Gobierno Santos, hay revisar el Proceso de paz con las FARC-EP, plebiscito, renegociación y desmovilización: En septiembre de 2012, el gobierno empezó formalmente los diálogos de paz con las FARC-EP que se desarrollaron en La Habana, Cuba; diálogos que tuvieron una fase exploratoria en 2010 al momento de la muerte de Jorge Briceño alias Mono Jojoy.

   Después de casi cuatro años de negociaciones con altas y bajas, el 23 de junio de 2016 se firmó el último de los seis (6) puntos de la agenda de negociación, con Humberto de La Calle como Jefe del equipo negociador del gobierno, declarando el cese bilateral de hostilidades, el desarme, desmovilización y reintegro a la vida civil de las FARC-EP.

   Las conversaciones se extendieron por dos (2) meses más hasta agosto, totalmente discutidos y aprobados por ambas partes,​ se firmaron de manera oficial los acuerdos en Cartagena a finales de septiembre, sometiéndose a un plebiscito que se desarrolló el 2 de octubre, siendo rechazado por estrecho margen, después de toda una campaña sucia de desprestigio y en contra de la Paz.

    Un antecedente de este proceso fue el proceso de paz de San Vicente del Caguán, que fue de 1998 a 2002, donde quedó inmortalizada para la historia de Colombia la foto del ex presidente conservador Andres Pastrana, esperando a Manuel Marulanda.

   Posterior a esto, el conflicto se recrudeció con las acciones del Estado contra las FARC en toda Colombia y a nivel diplomático apoyado por Estados Unidos a través del Plan Colombia. Las FARC también intensificaron su accionar armado, amparadas económicamente por el negocio del narcotráfico. Algunas de esas acciones armadas fueron el secuestro de los 12 diputados del valle del cauca en abril del 2002.  

   En el caso del Proceso de Paz en el Gobierno Santos, por parte de las FARC-EP, en su Décima Conferencia en La Macarena (Meta), casi todos sus integrantes aceptaron los acuerdos firmados a excepción de varios integrantes del Frente 1.​

   Ya para finales del año 2016, se logró la renegociación y la modificación de los acuerdos con las FARC,​ se firma en noviembre en el Teatro Colón de Bogotá y se radica en el Congreso de la República

   Con esta ratificación e implementación en el Congreso, inició el proceso de desmovilización de insurgentes y de entrega de las armas que duró 180 días, de diciembre de 2016 a agosto de 2017, entregando un total de 8.112 armas a la ONU, destrucción de municiones, caletas, minas antipersona, granadas y explosivos.​

   El gobierno, realizó la promulgación de leyes ante el Congreso que aseguró el proceso de paz en la Constitución mediante la Vía Rápida o Fast Track, mecanismo aprobado por la Corte Constitucional.

   Por su contribución a la búsqueda de la culminación del conflicto armado interno en Colombia, el Presidente Juan Manuel Santos fue galardonado en Oslo (Noruega) con el Premio Nobel de la Paz en 2016.

 JUSTICIA ESPECIAL PARA LA PAZ (JEP)

   El Acuerdo de Paz permitió que en Colombia se hablara de temas que habían sido tabú o que se negaban, porque por muchos años al país se le vendió la idea de que el delito más grave era el secuestro.

   La justicia especial para la paz, JEP, se ha encargado de reconstruir y juntar todas esas memorias y testimonios del conflicto, dicha entidad deberá entregar a finales de 2021 un informe detallado de todo el proceso. Gracias a la JEP, el país pudo conocer ciertos hechos que la justicia ordinaria venía investigando y que jamás se había conocido.

   Uno de estos hechos que serán considerados para futuros estudios será el asesinato de Álvaro Gómez Hurtado. El magnicidio del ex líder conservador ha sido, hasta ahora, el reconocimiento más polémico que ha hecho la ex guerrilla de las Farc. A través de una carta, dada a conocer por la JEP el pasado 3 de octubre, la extinta guerrilla reconoció haber cometido este asesinato, junto a otros cinco casos más que también se atribuyeron. Gómez fue asesinado el 2 de noviembre de 1995 y, por 25 años, la justicia ordinaria investigó versiones acerca de que el homicidio obedeció a móviles políticos, pues para la época era uno de los candidatos a la presidencia de Colombia y supuestamente estaba participando de un presunto golpe de Estado.

   Los dos atentados contra Germán Vargas Lleras, ex candidato presidencial, vicepresidente del gobierno Santos y proveniente de una familia tradicional en la política colombiana como los Lleras.  A través de una carta dirigida al expresidente Juan Manuel Santos, el año pasado, el jefe del partido Farc, Rodrigo Londoño, aseguró que fueron ellos los responsables de los dos atentados contra el exsenador y ex vicepresidente. Uno de ellos, en 2002, se ejecutó con un libro bomba que le hizo perder dos dedos de su mano derecha.

   El secuestro en Colombia ha sido uno de los puntos más álgidos de todas las discusiones, porque durante años, al país se le vendió la idea de que el secuestro era lo único que ocurría en el país.

   El primer macro caso que la JEP abrió fue la investigación sobre los más de 37 mil secuestros que se le atribuyen a las antiguas Farc. Desde el 30 de julio del 2018, 350 ex combatientes han entregado su versión y han hecho aportes a la verdad a las más de 2.000 víctimas acreditadas.

   Entre estos aportes está la información sobre la ubicación de cuerpos de personas que fueron asesinadas durante el cautiverio. El 14 de septiembre, el partido FARC emitió un comunicado en el que pidieron perdón a las víctimas de secuestro.

   Los excombatientes de las Farc no han sido los únicos que han hecho aportes a la verdad en la justicia transicional. En este caso la JEP investiga las muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate, son 297 los militares que han rendido versión y que han contado lo que conocieron sobre el fenómeno de los falsos positivos en Colombia.

   El caso más exitoso, hasta ahora, es el de Dabeiba (Antioquia), en el que, gracias a las versiones que han entregado los militares, han sido recuperados 71 hallazgos forenses que podrían pertenecer a personas desaparecidas por miembros de la fuerza pública. Y sin olvidar a las madres de Soacha, que han sido uno de los grupos de influencia que más ha luchado por buscar la verdad de lo que pasó con sus hijos, un caso similar a las Madres de Plaza de Mayo en Argentina, que buscan a sus familiares desaparecidos por la dictadura.

   Por si fuera poco, el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) solicitó ante la JEP, en 2018, que se protegieran 17 lugares donde se presume hay cuerpos de personas que fueron dadas por desaparecidas en medio del conflicto armado. Uno de esos sitios, por ejemplo, es la zona aledaña a Hidroituango (Antioquia), en donde la Jurisdicción aseguró que hay 2.094 víctimas de desaparición forzada.

   Esas medidas prevén, entre otras cosas, que ninguna autoridad pueda levantar obras, hacer modificaciones al terreno ni inhumar bajo tierra. Por ahora, la JEP no descarta la posibilidad de ordenar más medidas cautelares sobre otros lugares donde podría haber cuerpos inhumados ilegalmente y, es gracias a esta justicia transicional, que se está desenterrando la verdad en estos lugares.

   Otro de los casos más polémicos que estudia la Jurisdicción es el de”reclutamiento y utilización de niños y niñas en el conflicto”. Esta entidad estima que hay, al menos, 17.024 víctimas de este delito en Colombia, y aunque la JEP ya escuchó la versión de 14 ex comandantes, lo cierto es que ya se conocen nuevas verdades que la justicia ordinaria no había podido esclarecer.

   Martín Cruz Vega, conocido en la guerra como Rubín Morro, fue uno de los que más aportó información: en su versión ante la JEP aseguró que las Farc tuvo menores de 15 años en sus filas y que pudieron presentarse casos de bombardeos a niños y niñas en medio de la guerra.

GOBIERNO DE IVÁN DUQUE (2018-2022)

   Iván Duque llega a la presidencia gracias al respaldo del expresidente Álvaro Uribe y su partido Centro Democrático, con mayoría en el Senado en las elecciones legislativas de 2018.​ Duque gana en segunda vuelta las elecciones de 2018 ante Gustavo Petro. Duque intentó modificar los acuerdos de paz con las FARC-EP, dejó de reconocer a Venezuela como uno de los países garantes en el proceso de paz con el ELN y reclama a Maduro por la crisis en Venezuela.​

   Ahora tenemos que convivir con los carteles de droga de México (Sinaloa y Jalisco Nueva Generación), que hacen presencia desde 2017 en Colombia para apoderarse de la cadena de narcotráfico, en zonas vulnerables y olvidadas por el estado.

    El año comienza marcado por el atentado del 17 de enero de 2019 contra la Escuela de Policía General Santander por el ELN, cuyo hecho hace que se activen las órdenes de captura a los miembros del ELN y se pone fin del proceso de paz;​ Cuba y Noruega, que son los países garantes del proceso, manifestaron que respetarán los protocolos pactados entre el gobierno y el ELN, que no implican extraditar a los negociadores de paz del ELN.​

   En agosto de 2019, Iván Márquez, Jesús Santrich, Romaña y El Paisa, entre otros, dieron a conocer a través de videos divulgados en redes sociales que volvían a las armas debido a incumplimientos del gobierno con los acuerdos de paz, estarían implicados en narcotráfico después de la firma del acuerdo de paz.^. Se reactivan sus órdenes de captura, expulsados de la JEP y del partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, partido fundado por las Farc post los acuerdos de Paz.​

   Desde 2018 hay una guerra entre el Clan del Golfo y Los Caparrapos, en zonas aledañas a Antioquia. Y desde el 2018, se han desarrollado una cantidad considerable de operaciones contra estos grupos al margen de la ley como: Clan del Golfo, ‘Los Pelusos’ que son GAO (grupos armados organizados) en el Catatumbo y que se encuentran en guerra con el ELN.

   En noviembre de 2019, renuncia el Ministro de Defensa, Guillermo Botero por un bombardeo en agosto de 2019, en San Vicente del Caguán, contra el GAOR de ‘Gildardo Cucho’ donde fueron abatidos 18 menores de edad, presentados como guerrilleros.

   ​La crisis por el genocidio de las comunidades indígenas del Cauca: 55 muertos en 2019. Para finales del año 2019 y comienzos del año 2020, se presentó El Paro Nacional del 21 de noviembre hasta marzo de 2020, (rechazando las medidas económicas del gobierno, el asesinato de líderes sociales, los incumplimientos a los acuerdos de paz) dejó varios muertos, algunos asesinados directamente por la fuerza pública.

   En 2020 los enfrentamientos continuaron, en zonas vulnerables, y además confinadas por el COVID, entre el Clan del Golfo y el ELN en Chocó.​ El conflicto continúa en: Norte de Santander, Sierra Nevada, Cauca,​ Chocó, Arauca,​ Antioquia, Nariño,​ Valle del Cauca. El ELN realiza un Paro Armado en febrero.

   Se presentaron disputas entre gobierno y ONU por el asesinato sistematico de Líderes sociales y excombatientes. Denuncias por interceptaciones y perfilamientos a periodistas, líderes de opinión y sociales;​ desplazamientos; envío de tropas de EE.UU a Colombia. Investigaciones a militares por delitos sexuales,​ y militares retirados.

    Hasta agosto de 2020 se registraron 224 ex combatientes asesinados desde la firma de los acuerdos de paz, y según datos de la Fiscalía 349 líderes sociales en el mismo periodo​. Hasta noviembre se registraron 73 masacres durante todo el año en distintas regiones del país y protestas en toda Colombia contra la violencia policial, que dejó 13 muertos sólo en la ciudad de Bogotá.

ACTUALIDAD Y ÚLTIMOS AÑOS

    En los últimos años el conflicto ha bajado en intensidad debido a los procesos de paz, pero los enfrentamientos y presencia de grupos al margen de la ley siguen imponiendo el miedo en las zonas más olvidadas de Colombia.

    La ex presidenta de Chile y Alta Comisionada de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, condenó la violencia ejercida por parte de grupos armados no estatales, grupos criminales y otros elementos armados en Colombia, en contra de campesinos, indígenas y afrocolombianos, así como también el asesinato sistematico de lideres sociales.

   En el 2020, la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia ha documentado 66 masacres, en las que 255 personas fueron asesinadas, en 18 departamentos del país. Además, la Oficina ha recibido información sobre el asesinato de 120 defensores de derechos humanos en lo que va de año. Desde la firma del Acuerdo de Paz en noviembre de 2016, la Misión de Verificación de la ONU en Colombia también ha documentado 244 asesinatos de excombatientes de las FARC.

   La comunidad Nasa ha sido uno de los grupos indígenas más afectados, con 66 de sus integrantes reportados como asesinados en la región del Norte del Cauca en 2020. El incidente más reciente ocurrió el 5 de diciembre, cuando cinco personas – incluido un ex combatiente de las FARC en proceso de reintegración – fueron reportadas como asesinadas en el Norte del Cauca en dos hechos diferentes. Además, el mismo día, 24 líderes y autoridades del pueblo Nasa recibieron amenazas de muerte.

   Según el informe”¡Basta ya! Colombia: memorias de guerra y dignidad” (2013) fueron 220.000 las muertes causadas por el conflicto entre 1958-2012. De los cuales 177.307 eran civiles, los responsables fueron: los grupos paramilitares 40%, los grupos guerrilleros del 25% y agentes del estado del 8%.

   Para 2020 según el Registro Único de víctimas se cuentan: 8.989.570 víctimas de 11.202.790 eventos o hechos victimizantes. Dentro de estas categorías se encuentran las personas que fueron desaparecidas, amenazadas, desplazadas, secuestradas, víctimas de actos terroristas, masacres, asesinatos, minas antipersona, torturas, reclutamiento forzado de menores de edad y violencia sexual.

Oscar Javier Vásquez Reyes

BIBLIOGRAFÍA

• Dictadura del general Rojas Pinilla: una lección sobre el poder – La Crónica del Quindío – Noticias Quindío, Colombia y el mundo (https://www.cronicadelquindio.com);
• El Frente Nacional – Enciclopedia | Banrepcultural;
• La historia de las guerrillas en Colombia – Historia – Historia (culturacolectiva.com);
• https://www.elespectador.com/colombia2020/justicia/verdad/diez-verdades-que-no-conociamos-del-conflicto-armado/;
• https://news.un.org/es/story/2020/12/1485602